Lluvia de demandas por las cláusulas suelo

Lluvia de demandas por las cláusulas suelo

 

Los Juzgados de Primera Instancia especializados en cláusulas suelo en Andalucía –uno por provincia en la península y uno en cada una de las principales islas de los archipiélagos canario y balear– han ingresado 3.319 demandas en un mes según datos facilitados este mes de julio por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). En Cádiz, en concreto, el número ha alcanzado las 305, quedando por detrás de Sevilla, Málaga, Jaén y Granada.

Cabe recordar que fue el pasado 1 de junio cuando entró en vigor el plan de urgencia impulsado por el Consejo General del Poder Judicial para afrontar el aumento de litigios como consecuencia de cláusulas abusivas en escrituras hipotecarias que se preveía después de que el Tribual de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictara sentencia el 21 de diciembre de 2016 dictaminando la retroactividad en lo concerniente a la cláusula suelo desde el inicio de la relación hipotecaria. La lluvia de demandas ha hecho que durante el pasado mes de junio se registrasen 15.801 en toda España.

 

¿Qué es la cláusula suelo?

La cláusula suelo es un apartado incluido en muchos préstamos hipotecarios para limitar la bajada de los tipos de interés. Su práctica se generalizó durante años en hipotecas con tipos de interés variable, generalmente dependiente del Euribor como tipo de referencia, cuyo valor, publicado por el Banco de España, marcaba el interés de dicha hipoteca tras sumar un diferencial establecido en el contrato entre la entidad bancaria y el propietario.

En otras palabras, podemos decir que era un límite establecido, según el cual, de bajar el tipo de interés por las fluctuaciones propias del mercado por debajo del mismo, el banco podía acogerse al contrato para aplicar dicho mínimo. Es decir, el tipo de interés nunca estaría por debajo de dicho tipo mínimo, con lo que la entidad se garantizaba menos pérdidas mientras la otra parte, la persona física veía que la reducción de la cantidad que tenía que saldar quedaba limitada.

En noviembre de 2009, con la bajada del Euribor, se produce un hecho significativo, y es que el tipo de interés baja por debajo del 3 por ciento, mínimo que solían tener muchas hipotecas. Si bien hasta entonces muchos préstamos hipotecarios incluían dicha cláusula, fue el propio mercado financiero el que hizo saltar la alarma, si puede decirse así. La tendencia a la baja del tipo de interés de referencia descubrió al mundo la existencia de las cláusulas suelo en muchos contratos.

 

El Tribunal Supremo

 En un contexto marcado por la la situación de crisis económica, dicha circunstancia provocó que muchas personas se sintieran dañadas por tener que pagar una cuotas que serían menores de no haber estado condicionada su hipoteca por la citada cláusula suelo.

La consecuencia fue la llegada de demandas contra las entidades bancarias. El Tribunal Supremo (TS), el 9 de mayo de 2013, estableció en sentencia que las cláusulas suelos eran nulas cuando no había habido claridad y transparencia en la firma del contrato.

En este sentido, hay que señalar que se considera que existe opacidad y, por tanto, falta de transparencia, cuando la cláusula suelo no aparece de forma destacada en el contrato, sino que puede pasar de forma desapercibida dentro del articulado. Además, para garantizar la transparencia se exige incluir una comparación del préstamo en cuestión con dicha cláusula con otros que no la contemplen. Asimismo, que se haya contemplado cuál es la repercusión de tal cláusula en diferentes situaciones de revisión del tipo de interés.

Si no se dan estas condiciones, la cláusula es nula según el Alto Tribunal de España, que obliga con su sentencia de 2013 a las entidades bancarias a restituir los intereses cobrados de más como consecuencia de la aplicación de las cláusulas suelos opacas.

 

La retroactividad y el TJUE

 Tras esa importante sentencia, la cuestión estaba luego en dictaminar desde cuándo tendría efecto. Un juzgado de lo mercantil de Granada elevó la cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) argumentando que los bancos tendrían que devolver lo cobrado de más desde el inicio del préstamo, aunque la fecha fuese anterior a la sentencia del Supremo de mayo de 2013.

El TJUE acabó dando la razón, al dictaminar la retroactividad total para las personas afectadas por las cláusulas suelo desde el inicio de la contratación.

Tal sentencia derivó en que el Consejo General del Poder Judicial optase por habilitar juzgados especializados para afrontar con garantía las numerosas demandas esperadas en España. De hecho, en junio, el primer mes de su puesta en marcha, las demandas se han aproximado a las 16.000 en todo el país, de las que 3.319 se han dado en los ocho juzgados especializados existentes en Andalucía.

De los juzgados especializados del conjunto de España, el que más demandas ha ingresado en su primer mes de funcionamiento es el de Madrid, con 2.803; seguido del de Barcelona, con 1.033; y el de Valencia, con 834.

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